Una vez más estamos asistiendo pasivamente a un resurgimiento del poder de la Administración. Resulta que en un Estado democrático la Administración está para servir al ciudadano. El problema sobreviene cuando la Administración cada vez es mayor y necesita mayores recursos. siempre necesita más, dado que el Presupuesto últimamente no sirve sino para tener un mayor deficit. Suben pues los impuestos, la presión fiscal, los precios públicos, la luz, y todas esas subidas no son suficientes para cubrir las necesidades. Entonces, al igual gue se hacÍa en la Edad Media en la que los señores feudales buscaban cobrar más impuestos del vulqo, en nuestra época la propia Administración anuncia a bombo y platillo, ¡Más de 400 medidas para combatir el fraude!, ¡ciudadanos asústense!. Este año he tenido ya experiencia bastante en Ia que Ia Administración abre expedientes de defraudación a ancianos de más de go años que se han olvidado incluir un complento de pensión de 200.000 ptas. en su declaración anual del Impuesto sobre la Renta y en este caso, la Administración llamó “defraudadores” a estas ancianas. AsÍ pues, cuando Ia Administración hace 207 medidas para contrarrestar el fraude no lo hace pensando en los defraudadores sino en todos los ciudadanos, puesto que Hacienda piensa que todos los contribuyentes somos defraudadores.
Si crean medidas antifraude aparecerá con mayor ahínco el fraude. Muchas veces he mantenido que el sistema fiscal debe servir para cubrir los gastos públicos y para redistribuir la riqueza y no para aumentar el sector público o para anular la riqueza existente. No se puede tolerar que la Administración sin resolver los recursos planteados embarque cuentas corrientes o subaste inmuebles. De este modo, los contribuyentes tendrán que defenderse como puedan del poder omnímodo de la Administración.
Ya hemos visto por la prensa estos días eso de poner los bienes a nombre de Ia mujer, por si acaso. Hay evidentemente otras fórmulas denominadas “ingeniería financiera” las cuales a partir de estos días serán más difícilmente utilizables por la posibilidad de que te acusen de estafa. ¿No es estafa eI usar los fondos públicos para otros asuntos que para los que han sido aprobados su uso?, ¿No es estafa el que la Administración siempre inspeccione a aquellos “clientes” que puedan aportar más fondos al Erario Público?, ¿No es estafa el que la Administración ejecute avales o embargue cuentas sin ni siquiera resolver los recursos planteados?
¿No es estafa, por fin, el que las cargas del Estado siempre recaigan sobre los mismos?
Así pues, considerando que tres medidas para que los ciudadanos no se aterroricen ante una Inspección Fiscal.
– Controlar el poder de Ia Administración.
– Consultas vinculantes,
– Sencillez del sistema tributario.
Estas tres medidas serán muy necesarias, y sobre todo la primera. Es preciso recordar que el Derecho Fiscal, forma parte del Derecho y como tal debe regular las actuaciones de la Administración y del administrado. No podemos decir aquello que yo oía en la Facultad de Derecho que el Derecho Tributario era el menor de los Derechos. Si el ciudadano no puede controlar de una manera binivoca sus relaciones con la Administración, es decir, de igual a igual, entonces se producirá la inseguridad jurídica total el poder creciente de la Administración como si de un monstruo se tratara y no servirá para nada la libertad pues, sin pan la libertad no sirve para nada.
LUIS DE MIGUEL PEREZ
DE MIGUEL & ABOGADOS